En los últimos tiempos, el periodismo de investigación, a través de los medios digitales, ha evidenciado, en unos casos, hechos de corrupción comprobados por la justicia y en otros, supuestos hechos de corrupción que se están investigando.

Los mecanismos de corrupción que han logrado poner en jaque la débil institucionalidad de América Latina, no son aislados, son estructurales; así lo ha demostrado el caso Odebrecht, entre otros.

Sin perjuicio, que hay que, sancionar todo acto de corrupción a través de la administración de la justicia y del rechazo social, el peor error que pudiésemos cometer, es el no atacar el origen de este mal.

Si analizamos los casos que se han denunciado en la región como en el Ecuador, todos ellos están relacionados con la contratación pública y son ciertas empresas constructoras grandes las que han consolidado un modelo de gestión, basado en la práctica de coimas y sobornos; a efecto de verse favorecidos con adjudicaciones de mega proyectos.

Para que tengamos una idea del impacto de la corrupción en Latinoamérica, cito un estudio del BID – Banco Interamericano de Desarrollo. Según este organismo, anualmente se pierden alrededor de 220 mil millones de dólares, es decir, el 4% del PIB de la región, o para ser más claros, dos veces el PIB del Ecuador, y todo esto por cuenta de actos de corrupción.

Pensar, que esto ha nacido con Odebrecht, sería pecar de ingenuo. Estos mecanismos vienen desde hace décadas, financiando distintas organizaciones políticas y campañas electorales, y es por esto, que si queremos cambiar aquellos  comportamientos ilegales, tenemos que hacer cambios estructurales, ya sea mediante reformas constitucionales y del marco jurídico, o  lo que considero más rápido, tan solo aplicando de forma eficaz y oportuna  leyes existentes, lo que requiere verdadera voluntad política. La pregunta es, ¿La hay?. Porque muchos no la vemos.

Tenemos que tomar como país  una posición firme en contra de todo aquello que facilite la corrupción, comenzando con una drástica reforma al sistema nacional de contratación y compras públicas.

 El objeto debería ser crear procesos de transparencia, permitiendo que estos actos contractuales sean visibles para todos los ecuatorianos, es importante la regulación estricta de la figura del régimen de emergencia, la eliminación de todo espacio de discrecionalidad de los funcionarios públicos y la contratación directa. También es necesario, asumir un liderazgo internacional fuerte, para promover una legislación internacional que controle la licitud de los fondos que lleguen a paraísos fiscales, ya que es en ellos donde se facilita el lavado del dinero proveniente de la corrupción y del narcotráfico.

Casos como el de Ina Paper y el de Receta Arroz Verde 502 entre otros, de ser comprobados como ilícitos dentro de los procesos correspondientes, podrían evidenciar la existencia de mecanismos de corrupción donde intervienen tanto personas naturales como jurídicas del sector público y privado. En este sentido, de comprobarse su ilicitud, la ley no solo debería caer sobre aquellas personas naturales a las que se les haya asignado responsabilidad, sino también sobre las personas jurídicas que hayan incurrido en estos hechos de corrupción.

Porque les recuerdo que, nuestro Código Orgánico Integral Penal, también establece la figura de la responsabilidad penal de personas jurídicas, la  cual fue creada para combatir delitos económicos y contra la administración pública, la misma que contempla, entre otras sanciones, la extinción de la vida jurídica de la empresa infractora. No es entonces, que no tengamos las herramientas jurídicas necesarias.

Llama la atención, que en el caso  Odebrecht, no se haya iniciado proceso en el Ecuador. El argumento que aducen los responsables, es que que al haber incurrido en un delito transnacional, personas naturales y/o jurídicas no pueden ser procesadas dos veces por una misma causa. Pero el caso que es que en Brasil, en el juicio contra Odebrecht no hubo sentencia ejecutoriada, sino que en el curso del proceso tan solo llegó a un acuerdo de cooperación, por lo que bien podría ser juzgada por los delitos cometidos en Ecuador, y en caso que resulte condenada, aplicar  las sanciones que se derivan de la responsabilidad penal de personas jurídicas.

Me preocupa que la mediatización con fines políticos no permita ver lo que realmente importa, la solución en vez del problema.

Ahora la fiscalia tiene la oportunidad histórica, de usar todas las herramientas existentes para hacer que los ecuatorianos podamos volver a creer en la justicia.